Las amenazas de Estados Unidos a justicia Colombiana, una intromisión indebida


La conocida penalista Silvia Rugeles considera como peligrosas las recientes advertencias de USA a la Corte Suprema.

La abogada penalista Silvia Rugeles, conocida litigante en asuntos penales ante las altas cortes colombianas, redactó una carta abierta en la que critica con argumentos sólidos, las atuaciones del gobierno de Estados Unidos respecto de decisiones judiciales tomadas por las cortes de nuestro país. Una de ellas la que tiene que ver con la extradición de un presunto secuestrador, y la otra, la más reciente y quizás polémica, la que en términos intimidantes, el Departamento de Justicia del país norteamericano hace saber que quien filtre las grabaciones hechas por la DEA, que compreten a magistrados con un supuesto cratel de favores y fallos judiciales amañados, quedaría en el radar de las autoridades federales.

La intromisión del Gobierno de los Estados Unidos en la administración de Justicia de Colombia no es nada nuevo.

El pasado 28 de Junio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le solicitó al embajador de los Estados Unidos en Colombia, no inmiscuirse en los asuntos internos del país y en las decisiones que la alta corporación adopta, conforme con la independencia judicial y la autonomía que les garantiza el artículo 230 de la Constitución Nacional.

El fuerte reclamo obedeció a la queja pública que el embajador Kervin Whitaker presentó, con ocasión a la decisión judicial de dejar en libertad al guerrillero Julio Enrique Lemos Moreno, alias “Nader”, solicitado en extradición por Estados Unidos por el presunto secuestro de un ciudadano norteamericano en abril de 2008.

Fundamentó la Corte Suprema de Justicia su reclamo en un antecedente contundente: aunque la Convención de Viena de 1961 otorga a los embajadores la obligación de proteger los intereses de sus nacionales, les prohíbe expresamente inmiscuirse en los asuntos internos del Estado donde cumplan sus funciones, especialmente las decisiones que emitan las autoridades judiciales.

Ahora acaba de presentarse un hecho relevante y delicado, precisamente relacionado con el cuidado que los representantes de un Estado deben tener con los asuntos internos del Estado donde se encuentren. Concretamente se refiere al oficio JUD 131-17 del 15 de Agosto de 2017, mediante el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos le remite al Fiscal General de la Nación de Colombia, material probatorio consistente en cuatro (4) discos compactos que, según ha trascendido, contienen las grabaciones telefónicas que describen convenientemente el detalle de un supuesto reparto de coimas para magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, supuestamente para emitir fallos a favor de congresistas. Dice el oficio aludido, que el material probatorio entregado a Colombia, hace parte de la investigación criminal 17-20516 UNGARO-SULLIVAN que actualmente adelanta la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. De esta forma, queda claro, el gobierno de Estados Unidos nuevamente está condicionando el uso judicial de lo que entrega, pero sobre todo, y aquí está lo más grave y delicado, amenazando con que la divulgación de dicho material en territorio colombiano implicaría la comisión de una infracción al Código de Derecho Penal Federal de los Estados Unidos.

De esta forma se tiene, que cualquier divulgación que sobre dicho material realizara algún medio de comunicación colombiano, haría incurrir al periodista, así como a quien lo filtre, en un delito Federal en los Estados Unidos. Sana advertencia que se debe realizar en esta época en la que el Departamento de Justicia norteamericano está impulsando las grandes investigaciones de corrupción, que en la actualidad viene adelantando la justicia de nuestro país. Así las cosas, podría uno pensar que se trata de una nueva clara intromisión en nuestra administración de justicia, pero esta vez con un tinte revanchista de Estados Unidos, por el reclamo que la Corte Suprema le había hecho en el caso del presunto secuestrador extraditable.

SILVIA M. RUGELES.

Abogada

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